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Término explicativo — no es un término prohibido

«Greenwashing»

¿Qué significa?

## Explicación El greenwashing designa la presentación engañosa de ventajas medioambientales de un producto o empresa que no están demostradas o lo están de forma insuficiente. Esto puede ocurrir mediante afirmaciones generales, formulaciones vagas o destacando aspectos aislados, mientras se ocultan otras cargas ambientales. A partir del 27/09/2026, la Directiva EmpCo endurece los requisitos de sustanciación de la publicidad medioambiental y somete las afirmaciones genéricas a la prohibición del Anexo I n.º 4a UCPD. Las infracciones pueden sancionarse con multas considerables por las autoridades de consumo conforme a la Ley 3/1991 de Competencia Desleal y el TR-LGDCU (RDL 1/2007). Conforme al Ley 3/1991 de Competencia Desleal y Ley General de Publicidad y la Directiva EmpCo (UE 2024/825), «de producción local» puede ser engañoso si la distancia real de entrega supera los 100 km. El greenwashing constituye, por tanto, una clara distorsión de la competencia y puede dar lugar a reclamaciones de indemnización por daños y perjuicios.

Formulaciones típicas

Pruebas requeridas

Calificación jurídica

Término explicativo — no es un término prohibido — No es un término prohibido.

Esta entrada explica un término técnico y no contiene NINGUNA prohibición ni exigencia de prueba propia. La licitud de un mensaje publicitario que use el término se rige por las reglas generales.

Excepciones y contextos admisibles

  • Kein Verbotstatbestand und keine eigene Nachweispflicht.
Ordenamiento
keine
Última revisión
26/7/2026

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Información general, no asesoramiento jurídico

Empcora es un servicio puramente de verificación y documentación y ofrece exclusivamente información general sobre la situación jurídica sobre la base de la Directiva EmpCo (UE 2024/825) y su transposición al Derecho español — la Ley 3/1991 de Competencia Desleal y la Ley General de Publicidad, con referencias. Esto no es asesoramiento jurídico en el caso concreto y no incluye ni la reformulación ni la redacción de textos. No se asume responsabilidad ni garantía por la exactitud, integridad o actualidad del análisis, ni por eventuales consecuencias jurídicas. La evaluación jurídica del caso concreto corresponde a un despacho de abogados o a un abogado colegiado.