«Hasta 2030 / 2040 / 2050»
Art. 6 EU 2024/825, Anexo I n.º 4a UCPD · Ley 3/1991 de Competencia Desleal
¿Qué significa?
## Explicación Promesas de futuro como «Neutralidad climática para 2030» solo están permitidas a partir de septiembre de 2026 si existe un plan de implementación público y verificado externamente.
Formulaciones típicas
- "Neutralidad climática para 2030"
- "Net Zero para 2040"
- "Completamente verde para 2050"
Pruebas requeridas
- Validación SBTi
- Plan de implementación público con hitos
- Informe de progreso anual
- Verificación externa (p. ej. TÜV)
Calificación jurídica
Alegación ambiental sobre resultados futuros
Una alegación sobre resultados futuros NO es un supuesto autónomo de la lista negra. Es engañosa si no se basa en compromisos y objetivos claros, objetivos, públicos y verificables, recogidos en un plan de aplicación realista y verificados por un tercero independiente (art. 6, ap. 2, letra d).
Requisitos de esta calificación
- Die Aussage betrifft künftige Umweltleistung (Ziel, Zusage, Zeitpunkt).
- Es fehlt an klaren, objektiven, öffentlich zugänglichen und überprüfbaren Verpflichtungen und Zielen.
- Es fehlt ein realistischer Umsetzungsplan oder dessen Überprüfung durch einen unabhängigen Dritten.
Excepciones y contextos admisibles
- Öffentlich zugänglicher, detaillierter Umsetzungsplan mit messbaren Zwischenzielen.
- Regelmäßige Überprüfung durch einen unabhängigen Dritten.
- Kein Per-se-Verbot: das Zukunftsversprechen als solches ist nicht untersagt.
- Aplicable desde
- 27/9/2026
- Ordenamiento
- EU
- Fuente primaria
- https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2024/825/oj/deu
- Última revisión
- 26/7/2026
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Análisis gratuitoEmpcora es un servicio puramente de verificación y documentación y ofrece exclusivamente información general sobre la situación jurídica sobre la base de la Directiva EmpCo (UE 2024/825) y su transposición al Derecho español — la Ley 3/1991 de Competencia Desleal y la Ley General de Publicidad, con referencias. Esto no es asesoramiento jurídico en el caso concreto y no incluye ni la reformulación ni la redacción de textos. No se asume responsabilidad ni garantía por la exactitud, integridad o actualidad del análisis, ni por eventuales consecuencias jurídicas. La evaluación jurídica del caso concreto corresponde a un despacho de abogados o a un abogado colegiado.