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Todos los términos prohibidos
Norma o método de prueba — no es un término prohibido

«GHG Protocol»

¿Qué significa?

## Explicación El GHG Protocol (Greenhouse Gas Protocol) es un estándar reconocido internacionalmente para el cálculo y reporte de emisiones de gases de efecto invernadero (Scope 1, 2 y 3). A partir del 27/09/2026, la aplicación del GHG Protocol es imprescindible para justificar afirmaciones medioambientales fundamentadas conforme a la Directiva EmpCo (EU 2024/825) y la Ley 3/1991 de Competencia Desleal. Sin un balance de CO₂ transparente y verificable basado en el GHG Protocol, las declaraciones genéricas como «respetuoso con el clima» o «CO₂-neutral» se consideran engañosas y pueden dar lugar a sanciones por parte de las autoridades de consumo. El uso del GHG Protocol crea la base necesaria para una comunicación fiable de las medidas de protección climática.

Formulaciones típicas

Pruebas requeridas

Calificación jurídica

Norma o método de prueba — no es un término prohibido — No es un término prohibido.

Se trata de una norma reconocida, un sistema de certificación o un método de prueba — NO de una práctica prohibida. Mencionarlo es lícito y puede servir para fundamentar una alegación ambiental; solo resulta relevante si se representan de forma inexacta el ámbito, la profundidad o el resultado.

Requisitos de esta calificación

  • Der Standard bzw. die Methode wird mit zutreffendem Geltungsbereich benannt.

Excepciones y contextos admisibles

  • Kein Verbotstatbestand — die Nennung ist grundsätzlich zulässig.
  • Ein Managementsystem-Zertifikat (z. B. ISO 14001, EMAS) belegt keine hervorragende Umweltleistung des beworbenen Produkts.
Ordenamiento
international
Última revisión
26/7/2026

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Información general, no asesoramiento jurídico

Empcora es un servicio puramente de verificación y documentación y ofrece exclusivamente información general sobre la situación jurídica sobre la base de la Directiva EmpCo (UE 2024/825) y su transposición al Derecho español — la Ley 3/1991 de Competencia Desleal y la Ley General de Publicidad, con referencias. Esto no es asesoramiento jurídico en el caso concreto y no incluye ni la reformulación ni la redacción de textos. No se asume responsabilidad ni garantía por la exactitud, integridad o actualidad del análisis, ni por eventuales consecuencias jurídicas. La evaluación jurídica del caso concreto corresponde a un despacho de abogados o a un abogado colegiado.