Estadísticas judiciales de Greenwashing 2025: Tendencias y probabilidades de éxito

El enfrentamiento jurídico contra el greenwashing está cobrando impulso. La Directiva UE 2024/825 (EmpCo) sancionará más infracciones a partir de septiembre de 2026, pero ya se observan tendencias claras en la jurisprudencia. Este artículo analiza las sentencias disponibles de los primeros cinco meses del año 2025 para ofrecer a los responsables de marketing una evaluación fundamentada de la situación actual.

Tendencias actuales en las demandas por greenwashing

El análisis de las sentencias de acceso público de tribunales federales, tribunales superiores regionales y tribunales regionales muestra una clara tendencia al alza en las demandas relacionadas con el greenwashing, en las que la mayoría dan la razón a los demandantes. Estas elevadas tasas de éxito subrayan la necesidad de revisar cuidadosamente la propia comunicación.

Los valores litigiosos varían según el nivel judicial y suelen situarse, de forma orientativa, en el rango de cinco cifras (a menudo entre unos 15.000 y 60.000 euros, con valores máximos superiores en instancias altas). En todo caso, las demandas por greenwashing son relevantes no solo en principio, sino también financieramente.

Motivos frecuentes de demanda y factores de éxito

Los motivos de demanda más frecuentes se pueden clasificar en las siguientes categorías:

• Declaraciones de neutralidad climática: Aquí el foco está en las afirmaciones basadas en compensación de CO2 (offsetting). La sentencia del BGH (I ZR 98/23) del 27.06.2024 (Katjes) ha elevado el listón y exige una divulgación transparente de los mecanismos de compensación.
• Términos ambientales genéricos: Términos como "sostenible", "respetuoso con el medio ambiente" o "verde" se califican frecuentemente como engañosos cuando no están respaldados por pruebas concretas y mensurables.
• Certificaciones ausentes o insuficientes: Las empresas que hacen referencia a aspectos de sostenibilidad deben respaldarlo con certificaciones reconocidas. EU-Bio, Fairtrade FLO o GOTS son ejemplos de ello.
• Información engañosa sobre reciclaje y materiales: Las afirmaciones sobre la reciclabilidad de los productos o el uso de materiales sostenibles deben ser correctas y verificables.

Los demandados suelen ganar cuando pueden presentar certificaciones externas concretas, demuestran una metodología completa (por ejemplo, análisis de ciclo de vida, LCA) y reaccionan rápidamente a las advertencias (en un plazo de 7 días).

Certificaciones relevantes en el contexto del greenwashing

La elección de la certificación correcta es decisiva. Además de las certificaciones ya mencionadas como EU-Bio, Demeter o Fairtrade FLO, también son relevantes estándares como OEKO-TEX 100 (textiles), Bluesign (producción textil) y FSC/PEFC (madera y papel). Para las empresas que desean mejorar su balance climático, ISO 14064-1 (huella de CO2) y SBTi (Science Based Targets initiative) son referencias importantes. El uso de una certificación reconocida reduce considerablemente el riesgo de demandas.

Perspectivas para 2026 y la Directiva EmpCo

Con la implementación completa de la Directiva EmpCo a partir del 27 de septiembre de 2026, se espera un aumento significativo de los procedimientos. Especialmente la prohibición per se para "climáticamente neutro" con offsetting (Anexo I n.º 4c UCPD en la versión EmpCo) dará lugar a un claro incremento de las demandas; lo mismo se aplica a la prohibición de afirmaciones genéricas para las que no se ha demostrado un excelente comportamiento ambiental reconocido (Anexo I n.º 4a UCPD en la versión EmpCo). Cabe esperar que las demandas institucionales (por ejemplo, de asociaciones de consumidores) también se vuelvan más frecuentes.

A partir del 27.09.2026, el nuevo marco jurídico determina las exigencias aplicables a la comunicación de marketing. Conforme a la Directiva EmpCo, la revisión de los materiales publicitarios, el uso de afirmaciones claras y verificables y la utilización de certificaciones reconocidas se asocian a un menor riesgo de demandas. La delimitación de los casos límite es materia propia de un examen jurídico en el ámbito del derecho de la competencia.